S. Romero: «Pedimos de una vez el pacto de la sanidad en el que centralizar las política de salud pública»

Redacción.- Serafín Romero, máximo representante de la OMC, concede una entrevista a ABC, en la que advierte de los efectos de la falta de profesionales en un futuro, y considera que la solución a los problemas que aquejan ahora al sistema no están en Sanidad, sino en Hacienda. No se opone a la subasta de medicamentos pero defiende la libertad de prescripción del profesional médico y da por buena las protesta que generaron hace un año las mareas sanitarias andaluzas si eso ha servido para mejorar los presupuestos. Y como medico de familia andaluz que es, espera que la ilusión que ha despertado la reforma de la Atención Primaria no se queda solo en el papel.

Compartimos con ustedes un extracto de la entrevista, que pueden leer entera en el periódico ABC.

Pregunta- ¿Es cierto que nos sabemos cuantos médicos ejercen en España?

Respuesta- No tenemos datos oficiales. Sabemos que hay 270.000 colegiados —de los que 200.000 están en activo—, pero no sabemos dónde están ejerciendo y qué especialidad tienen. Si no sabemos cuántos médicos vamos a necesitar, tenemos un problema. Parece que por primera vez vamos a tener un registro de profesionales en España que va a permitir a la Administración prever políticas de recursos humanos.

P- ¿Y es cierto que faltan médicos?

R-En España en los próximos diez años se van a jubilar 62.000 médicos y si no tenemos preparado cuánto, cómo y dónde, habrá problema de cobertura.

P-Es curioso que falten profesionales cuando se jubilaron médicos a los 65 años de forma obligatoria y además los hay que emigran…

R-Todo influye. Se están cambiando las políticas sobre edad de jubilación. Por normativa era a los 65, pero ya no es obligatorio. El despido de la primera promoción de aquellas jubilaciones forzosas fue traumático, casi a vuelta de telegrama. Ahora curiosamente se ofrece la posibilidad de ampliar la jubilación dos años más. No está bien planificado en ningún caso. La solución no puede ser prolongar la vida activa del profesional según las carencias de personal que tenga el sistema. Nosotros abogamos por una política de jubilaciones flexible entre los 60 y los 70 años en los que se pueda ejercer sobre todo en el ámbito docente. Pero en la falta de médicos también ha tenido mucho impacto la tasa de reposición, que ha sido nefasta en el entorno sanitario. Cuando hacen falta cirujanos hay que cubrirlos. Todo repercute y la crisis nos cogió sin una política de recursos bien estructurada.

P-¿Cómo se debe incentivar a los médicos para que trabajen en zonas de difícil cobertura?

R-El problema no es que tengamos pocos médicos sino que están mal distribuidos. Teníamos especialistas que no querían ir a esos destinos porque eso les alejaba de centros punteros en tecnología e investigación. Hay que discriminar en positivo esas plazas, bien con estancias temporales remuneradas y valoradas a efectos de concurso de mérito y oposición, bien con garantías de no perder el vínculo con la vanguardia tecnológica y la investigación. No hemos puesto en marcha esas medidas estructurales y eso se va a notar sobre todo en las zonas rurales. El médico prefiere esperar a que salga una plaza mejor ubicada. Esto va a obligar a tomar medidas.

P-Una de las medidas propuestas es traer a médicos extracomunitarios. ¿Qué le parece?

R-Para ejercer en el entorno público es obligatorio tener una especialidad. No se trata de poner fronteras sino de que haya igualdad de condiciones. Lo que hay que hacer es facilitar que nuestro entorno formativo permita al médico ejercer. Hay que establecer fórmulas para que un médico de familia, una vez que acabe su residencia, pueda perfectamente incorporarse a un entorno de aislamientos temporal con los debidos incentivos.

P-¿Teme una mayor precariedad en el trabajo del médico en este escenario?

R-No debería. Ahora es cuando hay que apostar e invertir en personal. Lo que hay que plantear es si tiene lógica que lleguemos al 30% en gasto por medicamentos mientras mengua el capítulo de personal. Ese es el debate, la sostenibilidad.

P-¿Le parecen bien medidas de control del gasto farmacéutico como la subasta de medicamentos?

R-Desde la OMC defendemos la libertad de prescripción del médico por principio activo. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la subasta. Lo que no queremos es el cambio continuo del medicamento, porque lleva a confusión de los pacientes; que haya  desabastecimiento o se dude de la seguridad del fármaco. No entramos en cómo se financie, pero sí que haya libertad de prescripción y que la seguridad esté en manos de la Agencia del Medicamento.

P-Diecisiete comunidades, diecisiete sanidades en España. ¿Tiene esto solución?

R-Parece mentira que no terminemos de conseguir que cualquier ciudadano español pueda ir a cualquier centro médico o farmacia con una tarjeta sanitaria que sea plenamente reconocida. Se está trabajando en la unificación. El otro gran problema es que se ha roto la equidad. Cualquier ciudadano tiene derecho a recibir la misma asistencia, la misma cartera de servicios y no puede ser que entre una comunidad y otra haya una diferencia de hasta 500 euros de inversión sanitaria por habitante, como ocurre, por ejemplo, con el País Vasco y Andalucía. Después no hay tanta diferencia en la prestación, pero sí es necesario que se atienda el fondo de cohesión que se quedó a cero y que se asegure la atención a cualquier paciente de otra comunidad sin trabas ni dilación. Otro problema es el celo de alguna comunidad a compartir datos. Esto hace mucho daño a la hora de proyectar políticas de recursos humanos y evaluar de indicadores. Venimos demandando más lealtad entre las comunidades.

P-¿Qué datos se reservan y qué comunidades lo hacen?

R-Pues datos de recursos humanos y demográficos. Hay alguna comunidad autónoma que en este momento no está revirtiendo datos por tema políticos. Y esto no puede ocurrir en un Sistema Nacional de Salud. Pedimos de una vez el pacto de la sanidad en el que centralizar las política de salud pública y aspectos evidentes como el de compartir un mismo sistema nacional de vacunación.