Se aprueba el primer acuerdo a nivel estatal para mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera

Redacción, 04-02-2025.- Mónica García, ministra de Sanidad y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han reunido con los gobiernos autonómicos en una conferencia multisectorial en la que han aprobado, por primera vez, un acuerdo a nivel estatal encaminado a mejorar la atención temprana.

Se trata de un documento que establece un marco referencial de calidad común para asegurar que niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita, con un acceso rápido y equitativo. Por ello, el acuerdo incluye que el plazo para intervenir en atención temprana debería ser de 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo. Este plazo es el que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.

Reducir los tiempos de espera en atención temprana es, por tanto, uno de los objetivos fundamentales del acuerdo que se ha aprobado hoy ya que esta franja de edad, de 0 a 6 años, es una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social.

Tal y como recoge Sanidad, este período es clave, señala la evidencia científica, para garantizar un desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia. También para mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas, así como para promover su inclusión social, sus capacidades, sus potencialidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.

Por esta razón, desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad. Consecuencias como ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial.

Así mismo, inciden desde ambos ministerios, la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía. Esto, añaden, provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños y niñas, y para sus familias.



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