Redacción.- Las patentes farmacéuticas se enmarcan dentro de los derechos de propiedad industrial, que a su vez forman parte del régimen de propiedad intelectual. Son un conjunto de derechos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología farmacéutica para explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, las patentes se conceden a cambio de poner a disposición pública para su conocimiento el bien patentado.
Se conceden por un periodo de 20 años. Sin embargo, en el ámbito farmacéutico, el periodo que transcurre entre la presentación de una solicitud de patente para un nuevo medicamento y la autorización de comercialización de dicho fármaco, que incluye la fase de I+D y el tiempo que tarda la tramitación de la autorización (superior a los diez años de media), reduce la protección efectiva que confiere la patente a un periodo mucho menor.
Ofrecen garantías a las compañías que investigan y desarrollan nuevos medicamentos de que, si uno de sus fármacos innovadores es finalmente aprobado y llega a los pacientes, contará con un periodo de exclusividad para tratar de recuperar la inversión realizada y generar recursos que puedan ser reinvertidos en nuevos proyectos de investigación.
Los derechos de propiedad garantizan que compañías farmacéuticas en todo el mundo se lancen a la incierta carrera de investigar medicamentos, que implica de media más de diez años, grandes costes (unos 2.500 millones de euros) y, sobre todo, alto riesgo (de cada diez mil compuestos analizados en investigación básica apenas uno llegará un día a ser un medicamento disponible).
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