Fernando Santiago insta a la Administración a replantear su estrategia ante un cuatrimestre que se prevé difícil para empresas y empleo

Redacción, 27-08-2025.- Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, alerta de que la recta final de 2025 se presenta con importantes desafíos para la economía española.

A los efectos inmediatos de los incendios forestales y su impacto sobre el turismo en determinadas zonas, se añaden problemas estructurales como el absentismo laboral, las dificultades de financiación, la presión fiscal y la falta de reformas para facilitar el crecimiento empresarial. Todo ello dibuja un escenario que exige anticipación, agilidad y una forma diferente de abordar la política económica.

Los Gestores Administrativos reclaman a los gobernantes que sitúen el foco en un punto diferente al habitual: crear empleo no significa solo aprobar normas laborales, sino ayudar a quienes lo generan.

“Si queremos que los empresarios sigan apostando por sus negocios, hay que darles oxígeno, simplificar los trámites y facilitar el acceso a financiación. Una vez que se les ayuda, se les debe exigir resultados y responsabilidad, pero primero necesitan herramientas para sostener su actividad”, explica Santiago.

Tal y como recoge el Colegio Oficial de los Gestores Administrativos de Madrid, los incendios de este verano, que han afectado a regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, no solo han dejado miles de hectáreas devastadas, sino que también han golpeado la temporada turística en algunas de las zonas más afectadas. Se han cerrado rutas culturales clave, se han interrumpido conexiones ferroviarias y se han producido evacuaciones masivas en localidades costeras.

En esas áreas, el turismo se ha visto seriamente afectado, con cancelaciones en alojamientos rurales, pérdidas significativas para restaurantes, transportes y pequeños negocios. Según cálculos recogidos por El Debate, el impacto económico global de los incendios en España —incluyendo daños directos, costes de extinción y pérdidas de actividad— se sitúa en una horquilla de entre 5.400 y 9.400 millones de euros.

La experiencia reciente muestra que, si las ayudas tardan en llegar o se aprueban con trámites complejos, el daño se agrava. “El objetivo debe ser que las ayudas se reciban rápido y con una justificación sencilla. De lo contrario, la burocracia se convierte en un segundo incendio”, señala el presidente de los Gestores Administrativos.