El Decreto de recetas de funcionarios “carece de toda lógica”

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno la revisión del Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios.

En respuesta a la “queja” presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Presidencia la adaptación de la norma “a los principios constitucionales” y el establecimiento de “una única escala de deducciones en la facturación global de los medicamentos que se financian con fondos públicos, sea cual sea el sujeto pagador”.

En su escrito de “queja” ante el Defensor del Pueblo, el COFM denunció la discriminación que supone que dos farmacias con ventas similares, una con escala afecta al SNS, y la otra a la nueva escala de Mutualidades, ingresan, por el contrario, al Estado, en concepto de deducción, cantidades muy distintas, por la simple concentración, en una de las farmacias, de recetas de Mutualidades de funcionarios, en zonas muy concretas.

El informe del Defensor del Pueblo advierte de que la regulación de escala de Mutualidades “puede ser contraria al principio de igualdad constitucional, ya que puede provocar discriminación entre farmacéuticos que, con idéntico nivel de facturación global, según el sujeto pagador de los medicamentos, unos profesionales vean reducido su margen de beneficios en mayor medida que otros”.

En opinión de esta institución, “no existe justificación alguna razonable y objetiva que permita al legislador la introducción de esa nueva diferenciación, menos con una norma que no tiene rango de ley”. Además se advierte de que esta situación “puede dar lugar a un trato claramente desigual en función del entorno de la farmacia ya que aquellas que se encuentren próximas a una zona residencial de funcionarios tendrán que aplicar un porcentaje de deducción mayor”.

Para el presidente del COFM, Alberto García Romero, el informe “cuestiona la legalidad de la norma, y en mi opinión el Gobierno debe reflexionar y rectificar una medida discriminatoria para muchos farmacéuticos”. De aplicarse la nueva escala, García Romero opina que las farmacias “resultarán discriminadas económicamente por una cuestión ajena al farmacéutico, como es a quién dispensan un medicamento”.

El responsable del COFM cree que la farmacia española “ya está realizando un importante esfuerzo económico a la viabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud que es muy superior al del resto de agentes de la cadena farmacéutica, como para admitir una nueva carga para – fiscal que está poniendo en peligro la calidad del servicio al paciente”.

Además de recurrir al Defensor del Pueblo, la patronal de la farmacia madrileña (Adefarma) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto, dentro de la estrategia judicial acordada entre el COFM y Adefarma que incluye también la vía abierta a los farmacéuticos afectados para personarse en la causa recurriendo a título individual contra las deducciones económicas establecidas en el RD 2130/2008.

Por último, el Defensor del Pueblo también recomienda al Gobierno que no se tenga en cuenta el IVA en el cálculo de la facturación mensual de la farmacia, ya que, en este caso, el profesional tributa por un importe no percibido. Advierte esta institución que, considera que el sistema establecido “carece de toda lógica”.



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